La facilidad y libre acceso a plataformas digitales han dado paso a que, en México, durante la emergencia sanitaria, se incremente de manera alarmante la pornografía infantil; tan sólo entre marzo y abril se reportó un crecimiento de 73 por ciento, por lo que es necesario que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana ponga en operación a la policía de ciberseguridad, para prevenir y sancionar la comisión de estos delitos.

Las diputadas Laura Barrera Fortoul, Mariana Rodríguez Mier y Terán, así como el diputado René Juárez Cisneros, en nombre del GPPRI, llamaron a la Fiscalía General de la República, a fortalecer sus acciones investigar y castigar delitos como la trata de personas y la pornografía infantil, con estrategias específicas para aquellos realizados a través del internet y plataformas tecnológicas.

Destacaron que, como en todo momento adverso, quienes se dedican a cometer ilícitos a través del ciberespacio encontraron la oportunidad perfecta para efectuar estos delitos, toda vez que con la llegada de la pandemia por el Covid-19, los mexicanos se vieron obligados a permanecer en confinamiento y buscar sitios de información y entretenimiento, que en muchas ocasiones han sido un atentado contra niñas, niños y adolescentes.

De igual modo, los legisladores federales solicitaron a las instancias encargadas, realizar estrategias para evitar otros factores que están alterando el bienestar de los usuarios de internet y otras plataformas de comunicación que están siendo sorprendidos por otros delitos online, como estafa online y pishing, bulos y fake news, malware y apps maliciosas, el ciber acoso y aplicaciones como TikTok, Twitter o Instagram, que han sido utilizadas como fuente principal de ciber delitos contra niñas y niños.

Subrayaron que, a pesar de ser un tema de gran relevancia, no se han identificado estrategias para su combate y, como lo han denunciado diversas organizaciones de mujeres, se ha reducido su presupuesto, por lo que urge exhortar al Fiscal General de la República a fortalecer sus acciones para la investigación y persecución de los delitos de trata de personas y pornografía infantil, con estrategias específicas para los delitos preparados a través de internet y plataformas tecnológicas”.