Ya perdí la cuenta del número de decretos presidenciales que han permitido regularizar millones de autos y camiones traídos al país con engaños o con la colaboración corrupta de las autoridades hacendarias, de Migración y de la Policía Federal, incluidas las de esta administración de la 4T.

Por:Manuel Narvaez

La primera vez que leí sobre el particular era que facilitaría a los hombres del campo y profesores de las comunidades rurales dirigirse más rápido a realizar sus faenas.

Algunos vivales armaron padrones de propietarios de este tipo de vehículos a través de organizaciones en defensa del patrimonio familiar (PAFA) y se hicieron millonarios regularizando lo ilegal, y militaron o militan en ambas geografías políticas opuestas, pero convenientemente unánimes cuando se trata de negocios. 

El cliché para la regularización siempre es el mismo: ‘es por seguridad’, porque según los fiscales y jefes policiacos, los criminales usan ese tipo de vehículos para cometer sus ilícitos. Y ‘para dar certeza jurídica a las familias que no pueden comprar un auto nuevo’.

Es ridículo el argumento porque los criminales igual usan vehículos en muy buenas condiciones como lo hicieron por mucho tiempo cuando robaban pickups de lujo, despojaban a las mujeres de sus SUVs o simplemente utilizan motocicletas.  

Si los gobiernos, el estatal y el federal, tienen otros datos, que los publiquen.

Ahora bien, los que dicen estar en la legalidad, o sea, las armadoras de autos y los distribuidores de éstos, argumentan que este tipo de medidas legalizan la corrupción, desalientan la venta de carros nuevos y amenazan los cientos de miles de empleos que la industria genera.

Es cierto que el decretazo de AMLO legaliza la corrupción, no en balde México cayó la semana pasada hasta el lugar 135 en el índice de corrupción a nivel mundial.

Es falso que la industria vaya a perder empleos, no sucedió antes y no sucederá ahora. 

Lo que sí es cierto es que comprar un auto nuevo sólo le alcanza a los que tienen huesote en algunos de los tres poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, a los que tienen cargos de gerentes para arriba en la IP y a los más pudientes.

Tener un carro nuevo implica soltar al menos 250 mil pesos de contado o, a crédito pagarle al banco un contrato de apertura y elevados intereses más la dotación de placas y el pago a la Hacienda estatal por circular.

Que el dinero recaudado va a ser usado para arreglar las calles en las ciudades fronterizas.

Nada más absurdo para atenuar el decretazo con este mísero argumento, porque muchas calles y avenidas de Juárez, Chihuahua, Delicias, Nvo. Casas Grandes y Parral están horribles.

Se requieren miles de millones de pesos para tener calles y avenidas dignas para los chihuahuenses. Lo de hoy es el bacheo engaña-bobos que camufla la hipocresía y mezquindad de los políticos en el gobierno.

El decretazo no va resolver el problema de inseguridad, tampoco va a provocar la pérdida de empleos en la industria automotriz, mucho menos va a traer vialidades lindas. 

Lo que sí, es que el partido en el poder va a fortalecer su presencia en las ciudades fronterizas donde gobierna la mayoría.

Es cuanto.

P.D. No se regresará ningún auto “chocolate” y lo recaudado por Hacienda estatal por la revalidación vehicular de estos carros apenas va a alcanzar para pagar salarios de funcionarios. Ya lo verán.